Corte Suprema de Justicia. SL2610-2020, MP: Dr. Gerardo Botero Zuluaga.

Por: Darío Ramírez

La Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia estudió un caso en virtud del cual se pretendió por parte del demandante – quien en su momento fue presbítero y miembro de la comunidad religiosa demandada – se declare que le asiste el derecho a una pensión de vejez por haber cumplido los requisitos exigidos por el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, toda vez que la comunidad religiosa demandada, omitió afiliarlo al sistema de pensiones durante los más de treinta años en los que prestó servicios como docente y/o rector en diversas instituciones pertenecientes a la referida comunidad.

La Corte decidió no casar la sentencia proferida por la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, la cual a su vez había confirmado la sentencia de primera instancia absolutoria, proferida por el Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Bogotá.

Para el efecto, la Corte consideró en términos generales que i) Cuando se está frente a una actividad misional o pastoral, en la que se presta un servicio orientado fundamentalmente por la espiritualidad, la fraternidad y gratuidad, e inspirado en los votos de obediencia y pobreza propios de su tarea sacerdotal, no puede enmarcarse dentro de la presunción del artículo 24 del CST, puesto que el móvil de dicha labor, tiene un matiz netamente religioso, y por ende, ajeno a cualquier vínculo de carácter laboral o contractual; ii) En esa medida, y dada la particular profesión del  demandante, como sacerdote o presbítero, por el solo hecho de acreditarse su ejecución en forma personal de esa labor en las instituciones de educación de la comunidad demandada, no es suficiente para inferir que el relacionamiento entre ellos estaba amparado por la presunción consagrada en el artículo 24 del CST, por cuanto su vinculación con la comunidad religiosa a la cual pertenecía, sin lugar a dudas tuvo como origen un carácter netamente espiritual; y iii) Para la época en que el demandante afirma ejerció sus labores de Docente, Director y Rector para la accionada en virtud de su calidad de socio de la comunidad religiosa  – diciembre de 1996 –  no existía una disposición que impusiera de manera categórica la obligación de afiliarlo al sistema de seguridad social en pensiones, pues para ese momento, era meramente facultativo, y solo con la expedición del Decreto 3615 de 2005, se establecieron los procedimientos y exigencias para la vinculación como trabajadores independientes de las personas que ejercen dichos oficios y surgió a partir de ese momento, la obligación para las congregaciones religiosas, de afiliarlos.