EMPRESAS NO DEBEN SUSTITUIR EL ROL ASISTENCIALISTA DEL ESTADO

“Celebro la decisión de la Corte Constitucional”, mediante la sentencia SU 075 del 24 de julio del 2018, mediante la cual exige el conocimiento del empleador para que se active el fuero de maternidad de la trabajadora gestante, asegura Santiago Martínez, gobernador del Colegio de Abogados del Trabajo de Colombia.

Si las empresas obran de buena fe y no se han enterado de la condición de gravidez de la trabajadora, “no tienen por qué asumir un rol asistencialista propio del Estado”.

“De ninguna manera considero que sea una decisión regresiva; todo lo contrario”, esta determinación judicial “entiende la importancia de la no discriminación de las mujeres y que la empresa, aun cuando tiene una responsabilidad social, no puede asumir todas las garantías sociales que le corresponden al Estado”.

Martínez explica que la Corte Constitucional ha tenido cuatro momentos importantes en la evolución jurisprudencial de este instrumento de estabilidad laboral que favorece a la mujer trabajadora en embarazo.

Primero, en las sentencias T-373 de 1998 y T-426 de 1998, entre otras, el alto tribunal reivindicó la tesis conforme a la cual este fuero cobraba vigor a partir del “momento en que el empleador conocía del estado de embarazo de la trabajadora, porque se buscaba la protección de la mujer”, muy de la línea de lo que históricamente se ha tenido a nivel legal, con miras a evitar actos de discriminación laboral por su condición de embarazo.

Sin embargo, en un segundo momento, mediante la sentencia SU 389 del 2005 hubo “un cambio de línea en la Corte Constitucional” y la prioridad ya no se enfocó en proteger a la mujer de la discriminación, sino en la protección del niño por nacer imponiendo cargas a la empresa privada. En consecuencia, “era irrelevante que el empleador conociera o no del estado de embarazo” de la trabajadora, cuando se terminaba el contrato laboral.

En el tercer momento de evolución jurisprudencial fue esencial la sentencia SU 070 del 2013, pues señaló, de nuevo, que el conocimiento por parte del empleador del estado de gestación de la trabajadora “sí es importante, pero le asigna la carga de la prueba a aquel para que, en el evento de que desconociera el estado de embarazo, tuviera que acreditar que efectivamente hubo una justa causa” de despido y en caso de que “hubiera sido sin justa causa” demostrar que había finalizado la “materia de trabajo”.

Por último, en el cuarto momento, marcado por la sentencia SU 075 del 2018, o al menos de lo que conocemos de su comunicado, lo relevante es que “si el empleador desconocía del estado de embarazo de la trabajadora” al terminar el contrato de trabajo, no habrá lugar a aplicar el fuero de maternidad.

Martínez recalca que entre los nueve magistrados que tomaron parte en la decisión de esta última sentencia, solamente el magistrado Luis Guillermo Guerrero participó en la sala que adoptó la sentencia SU 070 del 2013, es decir, desde entonces han llegado al alto tribunal ocho magistrados diferentes, lo cual permite “entender, entre otras razones, por qué la Corte Constitucional, en poco tiempo, cambia de posición”.

“Gracias a esta sentencia, las empresas serán menos prevenidas en la contratación de mujeres, porque antes si se despedía a la mujer y ni siquiera ella sabía que estaba embarazada, pero lo estaba, podía pedir el reintegro al trabajo. En consecuencia, casi siempre que se despedía una mujer se enfrentaba el riesgo de que estuviera embarazada, así ella no lo supiera y eventualmente la empresa debía reintegrarla”, precisa Martínez.  Reducir “un poco ese nivel de proteccionismo a ultranza a cargo de la empresa privada puede conllevar a que haya, inclusive, menor discriminación al momento de contratar mujeres” en el mercado laboral.

De otro lado, en relación con la posibilidad de que esta sentencia afiance la tendencia a contratar hombres para los empleos temporales, Martínez sostiene que a raíz de la sentencia C 005 del 2017 de la Corte Constitucional “eso tiende a disminuir, porque en esta se dispone que, si la mujer en estado de embarazo depende económicamente de un trabajador que a la vez sea su cónyuge, compañero permanente o pareja, este goza de estabilidad laboral reforzada. Entonces, desde que se creó el fuero de maternidad extendido, al hombre también lo ampara este”.

Asimismo, Martínez subraya que las sentencias de unificación como la que acaba de proferir la Corte Constitucional “generan jurisprudencia” y buscan brindar igualdad en sus decisiones y seguridad jurídica. La diferencia entre una sentencia de unificación y una sentencia de tutela consiste en que en esta última toman la decisión los tres magistrados de la sala de tutela, mientras que en la sentencia de unificación deciden los nueve magistrados que conforman la Corte Constitucional.

Además, la sentencia se convierte en “la línea de doctrina que deben adoptar los jueces constitucionales del país, porque tiene un efecto llamado interpares, mientras que la sentencia de tutela solo tiene efecto interpartes, es decir, entre las partes relacionadas con un proceso judicial de tutela, puntualiza Santiago Martínez, gobernador del Colegio de Abogados del Trabajo.

 

Redacción

JAVIER ROJAS – Periodista