Corte Suprema de Justicia,  AL1231 del 17 de junio de 2020. M.P. Luis Benedicto Herrera.

Por: Daniel Eduardo Nuncira

La Corte Suprema de Justicia, en esta oportunidad, analiza la forma de determinar o cuantificar el interés jurídico económico para recurrir en casación, cuando la condena o pretensión es el reintegro del trabajador. Lo anterior, en razón al recurso de queja interpuesto en contra de sentencia emitida por el Tribunal Superior de Medellín, y consistente en rechazar la concesión del recurso de casación interpuesto por la demanda, fundamentado el juez colectivo en la falta de interés jurídico económico  suficiente para recurrir, en tanto el agravio causado por la sentencia estaba constituido por valor que supera los 120 salarios mínimos requeridos para acudir en casación.

En este orden la Corte reitera que el valor del perjuicio causado por la sentencia al recurrente en casación es posible percibirlo de tres maneras:

  1. Cuando aparece determinado en la sentencia de segunda instancia, para el demandado, por la suma de las condenas que le fueron impuestas, liquidadas a esa fecha;
  2. Cuando no apareciendo determinado ese valor en la sentencia, es dable deducirlo de las afirmaciones de la demanda, dado que en dicho libelo corresponde anunciar la cuantía de esta, así como cuando resulta colegir de los diferentes elementos de juicio obrantes en el proceso; y
  3. Por mantenerse motivo de duda acerca de su quantum, debe acudirse a un perito para que lo estime, conforme a lo previsto por el artículo 92 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. Y siempre, esto es, en cada una de las anteriores situaciones, es necesario advertir la posición que hubiere asumido el recurrente en casación frente a la sentencia de primera instancia, pues de allí puede deducirse si aceptó decisiones que disminuyen su interés en el recurso extraordinario o declinó aspiraciones que en un principio planteó.

Para finalizar, la Corte señala que el interés para recurrir en casación, no puede estar basado en hechos futuros e inciertos o en meras expectativas, pues de acuerdo con esta institución, en ningún caso son medios admisibles para determinar una posible cuantía, e igualmente ratifica que en los únicos casos en los que efectivamente hay lugar a tener en cuenta una incidencia futura, independientemente de si se trata del actor o de la demandada, son aquellos conceptos de naturaleza vitalicia y de tracto sucesivo, como ocurre en materia pensional, dada la naturaleza vitalicia y tracto sucesivo de dicha obligación, por lo se hace necesario tener en cuenta la expectativa de vida.